EN 2013, China puso en marcha una serie de reformas trascendentales en el campo judicial. Estas incluyen la profundización de la información judicial pública para garantizar el derecho a estar informado y el desarrollo de la transparencia, el perfeccionamiento del sistema de responsabilidad judicial para garantizar que los organismos procesales y fiscales ejerzan, de manera independiente, sus atribuciones, la eliminación del sistema de reeducación a través del trabajo, así como el perfeccionamiento de las leyes de castigo y corrección de los delitos, demostrando así el respaldo legal al ejercicio de los derechos humanos. Por medio de estas reformas, el sistema judicial de China ha registrado nuevos avances, los que proporcionan un notable apoyo a un sistema judicial socialista justo, eficiente y con autoridad.

Logros en la información pública

La información judicial pública es un símbolo importante de una sociedad regida por la ley.

En 2013, una serie de acciones en cuanto a información pública allanaron el camino a la reforma judicial, a la desmitificación del sistema legal de China y al acceso público al proceso judicial.

Del 22 al 26 de agosto, el Tribunal Popular Intermedio de Jinan transmitió la audiencia del caso Bo Xilai a través de su microblog oficial. El tribunal emitió más de 150 informaciones con un total de cerca de 160.000 caracteres y una serie de fotos, incluyendo pruebas presentadas por la parte acusadora y la defensa, los detalles del interrogatorio y las opiniones de ambas partes. Cientos de millones de personas siguieron el juicio en Internet. El caso atrajo la atención del público en general. El 16 de septiembre, el microblog oficial de bjgy.chinacourt.org, el sitio web del tribunal de Beijing, transmitió, en tiempo real, los detalles principales del caso de un hombre que había matado a una niña de dos años en julio, sacándola de su cochecito y lanzándola al suelo después de una discusión con la madre, en el distrito de Daxing (Beijing). Se transmitió el proceso de instrucción del caso, el material audiovisual, el debate judicial y la declaración final. En diciembre, durante el segundo juicio que enfrentó en careo a los ciberportales Qihoo 360 y Tencent, el Tribunal Popular Supremo (TPS) transmitió el juicio en directo por TV, radio e Internet.

A la par de estas transmisiones en Internet, se emitieron una sucesión de medidas para impulsar la información judicial pública. El 21 de noviembre, el TPS abrió su microblog oficial y su cuenta en WeChat. Menos de una semana después, el tribunal sacó a la luz opiniones sobre la construcción de tres plataformas para abrir el proceso judicial y publicar documentos de juicios e información ejecutiva. El primer día de 2014, entraron en vigor las Disposiciones del TPS sobre la Emisión en Línea de Documentos Procesales de los Tribunales Populares, con lo cual quedaron a disposición del público documentos procesales de más de 3000 tribunales de todo el país. Esta medida ha sido un punto culminante de la reforma en el campo de la información judicial, que encarna la determinación de China de seguir avanzando en la transparencia de su sistema jurídico.

De hecho, los órganos de seguridad pública en los diferentes niveles han recibido orientaciones para dar a conocer la aplicación de la ley y para manejar la información del caso a través de los ciberportales oficiales y mensajes cortos de celular desde el 1 de enero de 2013. “La información judicial pública es un medio importante para prevenir la corrupción judicial y promover la credibilidad de sus órganos. También es un factor impulsor de la equidad y la eficiencia de la justicia”, señala el profesor Cao Yisun, de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China.

Desbloqueo del embotellamiento institucional

El sistema judicial es una parte importante del sistema político. En los últimos años, ha habido reiteradas quejas sobre el carácter abusivo del poder judicial, a lo que se suma la credibilidad menguante de la judicatura, ambos casos como posible resultado del irrazonable funcionamiento del sistema.

“La independencia judicial resuelve la desproporción en el ejercicio del poder del sistema judicial”, dice Cao. Añade, además, que en la actualidad hay dos fallas en el sistema judicial. “Internamente, los niveles superior e inferior de las oficinas judiciales no son independientes y las oficinas de menor nivel deben comunicarse con el nivel superior para manejar los casos. En lo externo, el personal, las finanzas y los recursos del órgano judicial están controlados por el gobierno local. Esto se traduce en menos poder para excluir los factores que influyen en el caso y, por lo tanto, la oficina judicial no es lo suficientemente independiente como para garantizar un juicio imparcial”.

La Tercera Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) exigió la reforma del sistema de gestión judicial para promover la gestión unificada de personal, finanzas y recursos de los tribunales y los fiscales por debajo del nivel provincial, así como explorar un sistema que quede moderadamente separado de las divisiones administrativas. Asimismo, presentó mejoras al sistema operativo de los poderes judiciales y un sistema de rendición de cuentas que deberán asumir el presidente del tribunal y el tribunal colegiado.

El Tribunal Popular Intermedio de Foshan, provincia de Guangdong, es uno de los tribunales piloto seleccionados por el TPS para poner a prueba el nuevo sistema operativo de la autoridad judicial. Desde marzo de 2013, el tribunal se ha convertido en el primero del país en aplicar la responsabilidad del presidente del tribunal. Dicho tribunal seleccionó a 35 jueces para hacerse cargo de los casos y estableció el modelo de “un presidente del tribunal + 3 ó 4 magistrados colegiados + varios jueces asistentes y secretarios judiciales”, y otorgó derechos de juez, relativamente completos, a los presidentes de los tribunales para que estos sean los “verdaderos jueces”.

El TPS también puso en práctica proyectos piloto en Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Guangdong y Shaanxi. Para ello, exigió que los tribunales piloto aplicaran estrictamente los reglamentos conexos del derecho procesal, establecieran un sistema de funcionamiento del poder judicial de acuerdo con la regla legal y eliminaran la injerencia administrativa durante el procedimiento. Debían también aplicar, estrictamente, la responsabilidad del presidente del tribunal, del tribunal colegiado y del comité judicial para garantizar la unificación del poder y la responsabilidad, mejorar las normas de procedimiento y el mecanismo de trabajo del comité judicial, así como regular el ámbito de discusión de casos. El estudio piloto fue supervisado y evaluado por el TPS, que dará a conocer sus resultados y pondrá en práctica el nuevo modelo en todo el país, si el sistema resulta exitoso.

“Si no hay independencia judicial, la justicia se verá mediatizada”, advierte Cao. “El juez debe tener el poder de emitir un fallo independiente en los casos porque emitirlo supone una acción racional, no el capricho de los funcionarios principales o de los poderes administrativos. Por lo tanto, la desvinculación del poder judicial con respecto al gobierno local es uno de los objetivos más importantes de la reforma”.

Plan de duplicación del jurado popular

Desde 2004, China ha aplicado, oficialmente, el sistema de jurado popular y ha definido, explícitamente, la naturaleza, condición, deberes, selección, nombramiento y la responsabilidad de los miembros del jurado. La tasa de casos en los que han tomado parte los jurados populares ha aumentado año tras año, en la última década. A partir de noviembre de 2013, la tasa de procedimientos ordinarios para juicios de primera instancia alcanzó el 72,73 %.

El sistema de jurado popular es una de las formas de realización de la democracia socialista judicial china, pero hay varias fallas en el actual sistema de jurado que necesitan atención urgente. El bajo porcentaje de participación de ciudadanos de base o de nivel medio en los jurados es uno de esos problemas. En 2013, el TPS puso en marcha un “proyecto de duplicación”, con el objetivo de aumentar el número de miembros del jurado a 200.000 en dos o tres años. Se hizo especial hincapié en la representatividad y la ampliación del radio social de los miembros del jurado, procurando seleccionar a personas de diferentes sectores de la sociedad, sexos, edades y grupos étnicos, así como garantizar que no menos de dos tercios de los nuevos miembros del jurado fueran de las masas populares.

En febrero de 2009, la Primera Sala Penal del Tribunal Popular Superior de la Provincia de Henan tomó la iniciativa de invitar a ciudadanos de a pie a constituir un jurado popular en una audiencia pública de amplia representación para tratar, en segunda instancia, un caso de pena de muerte. El jurado popular participó en el proceso penal y dio su opinión sobre la emisión de fallos del tribunal colegiado, lo que despertó una fuerte retroalimentación en el país. En 2010, el tribunal promovió el sistema de jurados populares en la provincia, lo que garantiza aún más el derecho de las personas a expresarse y supervisar, y, al mismo tiempo, su derecho a conocer y participar.

Garantía de los derechos humanos

El 28 de diciembre de 2013, en su sexta reunión, el Comité Permanente de la XII Asamblea Popular Nacional (APN) aprobó la decisión de derogar las disposiciones jurídicas en materia de reeducación mediante el trabajo, con lo que se puso fin a un sistema que duró medio siglo.

La reeducación mediante el trabajo fue una medida administrativa para poner en práctica la educación y la transformación obligatorias de los detenidos. En 1957 y 1979, el Comité Permanente de la APN aprobó la Decisión del Consejo de Estado sobre la Reeducación a través del Trabajo, así como el Reglamento Suplementario de Reeducación mediante el Trabajo. En los primeros años de la República Popular China y durante el proceso de la reforma y apertura, el sistema llenó los vacíos entre el derecho penal y el derecho administrativo. A través de la reeducación se abordaban acciones ilegales que no violaban la legislación penal, por lo que este elemento jugaba un papel en el mantenimiento de la estabilidad social.

Sin embargo, este sistema permitía privar a las personas de sus derechos básicos sin un proceso judicial. Los detenidos eran enviados, directamente, a los centros de detención y podían recibir hasta cuatro años de reeducación mediante el trabajo. En la práctica, se abusó ampliamente de este sistema. De ahí que no resultara sorpresa que su abolición ganara la aclamación inmediata de la gente, que la consideró “una decisión histórica”, un paso clave dado por China en la protección de los derechos humanos.

La Tercera Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del PCCh también presentó una serie de requisitos para mejorar el sistema judicial en materia de derechos humanos. Estos incluyen la mejora de los mecanismos de prevención, corrección y rendición de cuentas por casos mal juzgados, la prohibición estricta del uso de la tortura y los castigos corporales para obtener confesiones, la aplicación rigurosa de la regla de exclusión de pruebas obtenidas ilegalmente y la reducción gradual del alcance de las acusaciones que merecen la pena de muerte. El TPS llegó a publicar las Opiniones sobre el Establecimiento y la Mejora del Mecanismo de Trabajo para la Prevención de Errores en los Juicios, lo cual aclaró la preeminencia del principio de la “inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad”.

En 2013, los órganos judiciales corrigieron numerosos casos indebidamente juzgados. “La institución jurídica tiene por finalidad garantizar los derechos de los ciudadanos. La reeducación a través del trabajo priva de la libertad sin juicio, lo que es contrario al espíritu del Estado de derecho”, comenta Cao. “La abolición de este sistema es una acción importante hacia la protección de los derechos humanos y fuerza a los departamentos administrativos a mejorar sus capacidades en materia de gestión social”.