Las sesiones simultáneas de la Asamblea Popular Nacional (APN) y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), que se celebran en Beijing desde el 22 de mayo, tienen lugar en un contexto histórico de enorme complejidad, en el que se sintetiza parcialmente el mayor evento de salud pública en 100 años, usado políticamente por algunos países y fuerzas antichinas para desestabilizar, desprestigiar y tratar de dividir a China.
La APN y la CCPPCh son los dos escenarios apropiados para que China deje claro al mundo que esos esfuerzos son vanos. Uno es el máximo órgano legislativo y el otro la institución consultiva de más alto nivel. Son además las instancias para expedir leyes y comunicar resoluciones que reflejen la unidad derivada de la construcción de consensos políticos estables que han permitido a China tener una estrategia exitosa desde 1949 para preservar su independencia, su integridad territorial y garantizar el desarrollo de su pueblo.
De todas las situaciones que merecen un análisis detallado, quisiera detenerme en la iniciativa de la APN de expedir una ley de seguridad nacional para llenar el vacío legal creado por las prácticas obstruccionistas de fuerzas separatistas en Hong Kong y que han impedido que la región administrativa tenga una ley esencial para la protección de los intereses y derechos de sus habitantes desde 1997, hace 23 años.
Se trata de una legislación común a los países del mundo, una herramienta para proteger a los Estados, los gobiernos, los países y sus poblaciones contra amenazas o ataques a la soberanía e integridad territorial y contra el terrorismo y el crimen organizado. Criticar al Gobierno central de China por ejercer sus facultades constitucionales para llenar el vacío en Hong Kong es un acto de cinismo internacional, mucho más cuando la crítica viene de un país que como Estados Unidos se la pasa expidiendo desde Washington todo tipo de leyes y resoluciones sobre China y sus territorios: Taiwan Act (1979), Hong Kong Bill (1992, 2014 y 2019), Tibet Access Act (2018), Uygur Act (2018). Lo que hace el Gobierno estadounidense con China es una anomalía histórica consigo mismo si se recuerda que en Texas vs White, en 1869, dijo que entre la Unión y sus estados había una “unión perfecta, perpetua e indisoluble”.
Que el Gobierno central de China legisle para llenar un delicado vacío legal no va contra el sentido común, ni contra la práctica internacional. Mucho menos contra la política de “Un país, dos sistemas”, sino que es la aplicación de esa política.
“Un país, dos sistemas” fue la fórmula de resolver pacíficamente en la práctica un grave problema histórico causado por el Reino Unido cuando agredió a China en 1842 y le quitó la soberanía sobre Hong Kong y luego Kowloon y los Nuevos Territorios. La política tiene como eje que es “un país” en el que se reconocen “dos sistemas”. No se trata de dos Chinas, ni de una China y un Hong Kong, ni de dos países. En 1997 Hong Kong se reintegró a China como entidad política y preservó unos poderes para poder desarrollar su propio sistema social.
Esto quedó claro en la Ley Básica de Hong Kong: el artículo 1 dice que es parte inalienable de China; el artículo 2 dice que la Asamblea Popular Nacional “autoriza” a que Hong Kong ejerza un alto grado de autonomía incluyendo en lo legislativo. Hong Kong tiene un poder legislativo autónomo por autorización del poder central de China y en tal medida debe usarlo.
La facultad dada a Hong Kong para legislar autónomamente se traduce en una obligación de expedir leyes, no es un derecho a no hacerlo. Esas leyes deberán “proteger los derechos y libertades de sus residentes” (artículo 4). Como resultado de ser un país y dos sistemas, es responsabilidad de la autoridad local “mantener el orden público”, mientras que el Gobierno central asume la “defensa de la región administrativa especial” (artículo 14). Esa misma ley reserva facultades legislativas directas a la Asamblea Popular Nacional para expedir las leyes que se aplicarán en Hong Kong en eventos como “disturbios internos en la Región Administrativa Especial de Hong Kong que amenacen por fuera del control del gobierno regional, la unidad nacional o la seguridad” (artículo18).
El muy citado artículo 23 de la Ley Básica dice que “La Región Administrativa Especial de Hong Kong deberá expedir leyes por sí misma que prohíban todo acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno central”. Es una obligación de Hong Kong tener esa ley que no han podido expedir por 23 años en virtud de las prácticas obstruccionistas de personas y organizaciones que no les importa la prosperidad de Hong Kong, sino el fracaso de la política de “Un país, dos sistemas”.
Los que cuestionan la ley que se propone sacar la APN no recuerdan que la prosperidad de Hong Kong está ligada de forma íntima a la política de “Un país, dos sistemas”. En la medida en que se afianza la soberanía china, Hong Kong prospera. Según el Banco Mundial, el ingreso per cápita en 1980 fue de 5700 dólares, de 6200 cuando se suscribió la declaración sino-británica, se duplicó a 12.800 en 1990 cuando se expidió la ley básica, volvió a duplicarse para 1997 con 27.000 con la restitución y llegó a 48.000 en 2018.
Hong Kong ha crecido y prosperado al amparo de la reunificación pacífica y la política de “Un país, dos sistemas”, a pesar del empeño de las fuerzas antichinas para que fracase. La ley de seguridad nacional es necesaria, hace parte de los derechos y deberes de cualquier país, es un deber de Hong Kong largamente omitido y es momento de ponerle punto final al vacío legal de la forma que la ley básica dice.
*Guillermo Puyana Ramos es presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China, escritor en varios medios de comunicación y abogado de la Universidad de los Andes.
