David Castrillón, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Foto cortesía del entrevistado
A pesar de impresionantes ritmos de crecimiento y unas bases macroeconómicas estables, Colombia, como muchos de sus vecinos en América Latina y el Caribe, continúa sufriendo de un flagelo histórico del que no se ha podido deshacer: altos índices de pobreza.
Las más recientes cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) son dicientes sobre este problema. En 2018, el 27 % de la población nacional se encontraba en condición de pobreza monetaria, es decir, un poco más de 13 millones de personas no tenían los ingresos suficientes para acceder a la canasta básica de bienes y servicios promedio. Y de esos 13 millones, 3,47 millones estaban por debajo del umbral de pobreza monetaria extrema; en otras palabras, ni siquiera podían adquirir la canasta de bienes alimentarios mínimos.
Quizás lo más preocupante de la pobreza en el país es que, a pesar de mejoras significativas en la última década –la pobreza monetaria, por ejemplo, cayó 10,2 puntos porcentuales desde 2010 hasta la cifra actual–, las victorias en esta materia sufren retrocesos ocasionales, como el incremento de la pobreza multidimensional del 17,8 % en 2016 al 19,6 % en 2018. Esto pone en seria cuestión la capacidad de Colombia de cumplir sus compromisos de la Agenda 2030 de eliminar la pobreza en el país.
Este contexto llama a entender mejor la pobreza en Colombia, sus causas y explorar los casos de éxito de otros países en vía de desarrollo.
Sobre la pobreza en Colombia, lo primero a notar es que esta tiene un carácter marcadamente rural. A 2018, el 24,5 % de la población nacional seguía residiendo en el campo, equivalente a cerca de 11,8 millones de personas. Como lo muestra la Tabla 1, esta población sufre de una mayor incidencia de pobreza en todas sus expresiones que sus pares en las zonas urbanas.
Las cifras de pobreza monetaria extrema y multidimensional son especialmente profundas en el campo; ahí llegan a ser 3,14 veces y 2,89 veces mayores que en las zonas urbanas. De hecho, a pesar de representar menos de un cuarto de la población, los habitantes de zonas rurales constituyen más del 50 % del total de personas en condición de pobreza monetaria extrema.
Las razones detrás de esta situación penosa son diversas, algunas compartidas con otros países de la región, otras particulares al caso colombiano. Pero como lo han demostrado innumerables estudios de la pobreza en el país, uno de los factores principales se encuentra en la inequidad en la posesión y acceso al uso de tierras cultivables.
La tierra actúa como un gatekeeper o guardián de los ingresos, el estatus y el poder local de las poblaciones rurales. De esta manera, el que tiene tierra puede usarla no solo como fuente de comida, refugio, ingresos e identidad, sino como trampolín para acceder a una mejor vida.
Parcelas de propiedad de los campesinos en la ciudad de Qingzhou, en Guangxi. Cnsphoto
Sin embargo, en Colombia la tierra se encuentra distribuida de manera muy desigual. El más reciente censo nacional agropecuario, realizado en 2014, muestra que el 0,2 % de los predios de mayor tamaño abarcan el 72 % de toda la tierra censada, y de ellos, solo el 33,2 % se usan para fines agropecuarios. Mientras tanto, el 70,4 % de los predios de producción agrícola más pequeños, de menos de 5 hectáreas, representan solo el 1,9 % de la tierra. Y 64 % de los hogares campesinos ni siquiera tienen tierra. Así, la tierra se encuentra en pocas manos y no se usa de manera productiva.
Esta situación de profunda desigualdad se ve reflejada en las cifras del coeficiente GINI para la tierra en Colombia. En 1988, este se encontraba en 0,79. Para 2016, ya se elevaba a 0,897, haciendo de Colombia uno de los países más desiguales en esta medida.
Si bien la situación de la tierra ha generado conflictos, los mismos conflictos han profundizado aún más la desigualdad en la tierra. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) estima que hay 8 millones de personas internamente desplazadas por la violencia en el país. El 52 % de ellas fueron despojadas de sus tierras, que equivalen a 5,5 millones de hectáreas o 10,8 % de la tierra cultivable del país. En muchas ocasiones, esas tierras han sido apropiadas por los grandes terratenientes, intensificando la situación de desigualdad.
Con miras a solventar estas problemáticas, el primer punto del llamado Acuerdo Final de Paz, que se firmó entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016, tiene como objetivo una reforma rural integral. Así, el acuerdo crea un fondo de tierras que distribuya 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, entre otras medidas. Sin embargo, los avances desde la firma del acuerdo han sido mixtos, con progreso moderado en algunos puntos, como el catastro multipropósito y los programas de desarrollo con enfoque territorial, pero más lento en otros, como el de formalización de la tierra.
La eliminación de la pobreza en Colombia dependerá en gran medida de los avances que se den en alcanzar una distribución más equitativa de la tierra. En ese sentido, la experiencia china sirve como un gran modelo e inspiración.
Hace 42 años, cerca del 90 % de la población china vivía en la pobreza, la mayor parte concentrada en el campo. Esta situación cambió con la introducción del sistema de responsabilidad familiar, que permitió que todas las familias campesinas de China tuvieran la oportunidad de usar la tierra y enriquecerse de ella de manera individual (aunque aún bajo un esquema de tenencia colectiva). Esa decisión generaría un efecto de bola de nieve virtuoso, incrementando la productividad del campo, creando excedentes de capital que serían reinvertidos por los campesinos en la industria rural y al largo plazo generando los incentivos para la reforma urbana en China.
Colombia debe seguir un modelo de reforma agraria que corresponda a sus particularidades nacionales. En ese sentido, no se puede importar la experiencia china al país. Sin embargo, el caso chino muestra con optimismo el resultado de una mejor distribución de la tierra. Si el Gobierno colombiano tiene la sabiduría y certeza de seguir con la implementación del primer punto del acuerdo, logrará no solo avanzar hacia la erradicación efectiva y permanente de la pobreza en Colombia, sino también eliminar una de las causas centrales detrás de los conflictos en el territorio.
*David Castrillón es profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Es también cofundador de la Asociación de Exbecarios Colombianos en China.
