15 de octubre de 2021. Un agricultor muestra el algodón fresco que cultiva en el distrito de Yuli, en la región autónoma uigur de Xinjiang.

Han pasado dos meses desde que entró en vigencia la llamada “Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur” de Estados Unidos, cuyo impacto en la cadena industrial global pareciera ya haber comenzado a notarse. Según diversos informes, la industria textil y la generación de energía solar podrían ser las dos industrias más afectadas por la ley, al ser la región autónoma de la etnia uigur de Xinjiang uno de los productores de algodón y de materias primas para equipos fotovoltaicos más importantes del mundo. En 2021, Xinjiang era la responsable de aproximadamente el 90 % de la producción china de algodón. Mientras tanto, la producción china de silicio policristalino, también conocido como polisilicio, una importante materia prima en la producción de equipos fotovoltaicos, representó casi el 80 % de la producción mundial, siendo Xinjiang una de las principales regiones productoras.

El 21 de junio pasado, el día en que entró en vigencia la ley estadounidense relativa a Xinjiang, Nicholas Burns, embajador de Estados Unidos en China, quien había asumido el cargo hacía poco tiempo, publicó en una de sus redes sociales que se había reunido con 51 empresas extranjeras en China para discutir cómo poner en marcha dicha ley.

El funcionamiento de cada empresa multinacional se apoya en la estrecha conexión que existe entre los diversos eslabones dentro de la cadena de suministro global. El ecosistema de oferta y demanda que se ha establecido junto con las empresas chinas durante décadas no se puede desintegrar mediante una sola ley. Más aún, los múltiples riesgos como el COVID-19 y la crisis inflacionaria pueden acelerar el impacto causado por los actos que violan esta estabilidad, por lo que cabe preguntarse cómo las empresas en la cadena de suministro podrán despejar las nubes y ver la luz.

25 de diciembre de 2021. El gobierno de la región autónoma uigur de Xinjiang realiza una conferencia de prensa en Beijing sobre la llamada “Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur” de Estados Unidos, en la que los habitantes de Xinjiang comparten sus experiencias personales y responden a calumnias y falsas acusaciones.

¿Por qué una ley draconiana?

El 8 de abril se llevó a cabo en Washington una audiencia sobre la implementación de la ley estadounidense sobre Xinjiang, a la que asistió la Cámara de Comercio Internacional de China, el único representante interesado de China. El bufete JT&N asistió a la cámara a presentar un comentario escrito de 14.000 palabras, e hizo una crítica exhaustiva en su intervención en la audiencia al marco básico de la ley y a los errores y aspectos irrazonables relacionados con las medidas de implementación. Además, planteó una serie de sugerencias para su mejora, con el fin de disminuir el impacto de la ley sobre las empresas chinas y abogar por un mayor espacio de operación y mayores intereses para estas mismas.

Peng Jun, socio del bufete JT&N, recordó en una entrevista con el semanario Beijing Review que en la etapa de entrega de comentarios, la cantidad de pros y contras era casi igual, pero al llegar a la audiencia, la situación se inclinó hacia un lado. “Entre las más de 60 partes interesadas que participaron en la audiencia, solo había un representante de China: la Cámara de Comercio Internacional de China, que fue la única que expresó de manera clara su oposición en la audiencia”, manifestó Peng Jun.

“Tenemos muy claro que los comentarios y la participación en la audiencia solo son formas de expresar nuestro parecer, y es poco probable que realmente afecten la ratificación de la ley, aun habiendo notorios puntos irrazonables en ella”, señaló Peng.

En primer lugar, la ley fue formulada con base en la suposición de que existe “trabajo forzoso” generalizado en Xinjiang, y define el alivio de la pobreza y la asistencia, entre otras políticas llevadas a cabo en la región que benefician al pueblo y al país, como “trabajo forzoso”. “Esta definición es incorrecta”, puntualizó Peng.

En segundo lugar, la ley estipula que los importadores estadounidenses deben demostrar que no existe “trabajo forzoso” en ningún eslabón de la cadena de suministro, lo que constituye una tarea imposible de cumplir. Probar la ausencia de “trabajo forzoso” es algo mucho más difícil que probar su existencia, porque en el último caso solo se requiere una prueba, mientras que en el primero se necesitan demostraciones en todos los eslabones.

Tomemos la industria textil como ejemplo. En el proceso de fabricación, desde el algodón en bruto hasta una prenda de ropa terminada, hay una serie de pasos donde determinar la división de las tareas se hace sumamente complicado. Ya que los proveedores en diferentes eslabones no tienen una relación contractual directa con el importador, no tendrían por qué cooperar con este ofreciendo pruebas. En ese sentido, es posible que muchos importadores decidan excluir a las empresas de Xinjiang, así como a proveedores de la región, de la cadena de suministro global.

“El propósito declarado de la ley es proteger los derechos humanos, especialmente aquellos en la región de Xinjiang, pero el texto y los mecanismos establecidos hacen que la región quede excluida de las cadenas de suministro estadounidenses”, indicó Peng Jun.

“Estados Unidos está tratando de crear un desempleo forzado en Xinjiang mediante sus acciones jurídicas y haciendo que el mundo se desvincule de China. Esto deja al descubierto por completo la naturaleza hegemónica de Estados Unidos, un país que viola los derechos humanos y rompe las reglas en nombre de su preservación”, subrayó Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, el 21 de junio. La economía global puede terminar pagando por la “corrección política” de Estados Unidos

El representante de la Cámara de Comercio Internacional de China enfatizó en su discurso que el impacto de la ley se extiende mucho más allá de Xinjiang y los proveedores de todo el mundo enfrentan el riesgo de que se les prohíba exportar bienes. Como una de las partes interesadas, el representante chino sugirió a la parte estadounidense reconsiderar los argumentos de China, los errores fundamentales de la ley y que se detuviera o suspendiera su implementación.

Un reportaje publicado en el sitio web de The Wall Street Journal el 21 de junio dio a conocer el parecer de varias empresas estadounidenses en China, a las cuales les preocupa que la ley pueda interferir con el transporte de mercancías y aumentar los costos. Señalaron, además, que los importadores estadounidenses necesitaban tiempo para adaptarse a las nuevas reglas. Por otro lado, muchas empresas estadounidenses, como Nike y Coca-Cola, hicieron lobby en el Congreso para obtener votos en contra en la primera etapa de la elaboración de la ley.

Kerr Gibbs, expresidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Shanghai, declaró recientemente que la nueva ley podría exacerbar la presión sobre las cadenas de suministro globales y la presión inflacionaria. A pesar de que ha pasado apenas un mes desde que la ley entró en vigencia, cualquier acción que vaya en contra de la estabilidad económica podría agravar la situación considerando la creciente inflación que enfrenta Estados Unidos.

El 13 de julio, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció que el índice de precios al consumidor (IPC) de junio había aumentado un 9,1 % interanual, mientras que la tasa de inflación había alcanzado un récord histórico desde noviembre de 1981, lo cual se debe principalmente a la caída del precio del petróleo de Estados Unidos en los últimos días. Frente al aumento en el precio de los artículos de consumo diario, los estadounidenses se han visto enfrentados a una creciente presión en su día a día. Además, muchos creen que los aranceles impuestos a los productos chinos en la guerra comercial de 2018 con China, iniciada por el expresidente Trump, repercutieron directamente sobre ellos, tal como podría pasar ahora con la nueva ley relativa a Xinjiang como consecuencia de los costos agregados para los importadores estadounidenses.

El diario The New York Times citó a expertos de la industria que señalan que un millón de las aproximadamente 10 millones de empresas en todo el mundo que compran, venden o producen artículos se podrían ver afectadas por la nueva ley hacia Xinjiang. La inflación, que ya se encuentra en su nivel más alto desde hace 40 años, podría incluso aumentar si las empresas se ven obligadas a buscar alternativas más costosas o si los consumidores comienzan a competir frente a la escasez de productos.

26 de junio de 2017. Vista aérea del proyecto de energía solar de Westmont en Los Ángeles, Estados Unidos. Fotos de Xinhua

Respuesta de las empresas

Peng Jun señaló que “el tiempo está en nuestras manos” a juzgar por las lecciones del anterior incremento de aranceles impuesto por Estados Unidos a China. Aunque algunas empresas se han dado por vencidas en el mercado estadounidense, para las que quieren persistir existen contramedidas.

Peng Jun aconsejó a las empresas apoyarse en la circulación dual, en la que se incluyan exportaciones hacia Estados Unidos como también a otros países. En el caso específico de las exportaciones hacia Estados Unidos, Peng además recomendó establecer una cadena de suministro exclusiva y reducida, en la que exista una relación de cooperación relativamente estrecha con los proveedores mediante la cual se pueda establecer un sistema que dé garantías sobre el cumplimiento con las exigencias de la ley.

De hecho, cuando el Gobierno estadounidense amplió el alcance de la subida de impuestos sobre los productos chinos y aumentó las imposiciones en 2018, se generaron varias preocupaciones. Sin embargo, resultó que las exportaciones de China a Estados Unidos en su conjunto no disminuyeron. Se podría decir que la llamada “Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur” representa el paso de Estados Unidos de un ataque general a uno enfocado. Sin embargo, creemos que el tiempo aún está de nuestro lado.