11 de marzo. Celebración en Beijing de la ceremonia de clausura de la V Sesión de la XIII Asamblea Popular Nacional (APN), el máximo órgano de poder estatal y legislativo nacional de China.
“El avance integral de la gobernanza basada en la ley es un requisito esencial y una garantía importante para el socialismo con características chinas”, señala la Resolución del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) sobre los principales logros y la experiencia histórica del Partido en el último siglo, adoptada en la VI Sesión Plenaria del XIX Comité Central del PCCh en noviembre de 2021.
Desde el XVIII Congreso Nacional del PCCh, celebrado en 2012, se han dado grandes pasos de cara al Estado de derecho en China. Se han presentado diseños de alto nivel y planes importantes para garantizar una legislación sólida, la aplicación estricta de la ley, una administración de justicia imparcial y el cumplimiento de la ley por parte de todos.
Directrices generales
El avance del Estado de derecho se ha incorporado a los "Cuatro Integrales", la estrategia global para el desarrollo a largo plazo de China planteada por el presidente Xi Jinping en 2014, que también consiste en la construcción de una sociedad moderadamente próspera en todos los aspectos, la ampliación de las reformas en profundidad y el fortalecimiento integral de la disciplina del Partido.
También en 2014, la IV Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del PCCh adoptó una decisión para avanzar en el Estado de derecho. Luego, tras el XIX Congreso Nacional del PCCh en 2017, el Comité Central del PCCh estableció su Comisión para la Gobernanza Integral basada en la Ley del Comité Central del PCCh y tomó importantes decisiones sobre la promoción de la gobernanza basada en la ley en todos los ámbitos.
La primera conferencia central del PCCh sobre el trabajo relacionado con la gobernanza integral basada en la ley tuvo lugar en noviembre de 2020, marcando el establecimiento del Pensamiento de Xi Jinping sobre el Estado de derecho y su estatus como la principal ideología para la gobernanza basada en la ley, dentro de la cual se incluyen la defensa del liderazgo del Partido en la gobernanza integral basada en la ley, la adopción de un enfoque centrado en el pueblo y la adhesión a la gobernanza basada en la Constitución.
El Partido ha enfatizado que la gobernanza basada en la ley debe reflejar los intereses y deseos del pueblo, proteger sus derechos, mejorar su bienestar, y proteger y promover la equidad y la justicia social, según la decisión de 2021.
30 de agosto de 2019. Un juez y otras personas de un tribunal móvil se trasladan hacia una aldea con el fin de prestar servicios legales a los residentes locales en Gongshan, provincia de Yunnan.
Logros legislativos
El sistema jurídico de China se ha robustecido sustancialmente durante la última década.
Desde 2012 se han promulgado 68 leyes nuevas y 234 han sido modificadas por la Asamblea Popular Nacional (APN) y su Comité Permanente. Esto ha elevado el número total de leyes efectivas del país a 292.
“El número de leyes nuevas promulgadas en la última década ha aumentado en un tercio en comparación con la década anterior, y el número de leyes enmendadas casi se ha duplicado”, dijo Xu Anbiao, subdirector de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la APN, al resumir el progreso legislativo de China en una conferencia de prensa el 25 de abril.
Según Xu, se han formulado y promulgado leyes básicas, exhaustivas y que han sentado lineamientos en importantes campos como la seguridad nacional, la sanidad y la cultura, al mismo tiempo que se han revisado sistemática y exhaustivamente leyes en otros campos igualmente importantes como el medio ambiente, la educación, y la ciencia y la tecnología. Además, se han hecho avances sustantivos relativos a la legislación en campos emergentes como la información de la red y la bioseguridad.
Las enmiendas a la Constitución fueron aprobadas en la I Sesión de la XIII APN en 2018, las cuales han establecido el papel rector del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era en la vida política y social de China, y subrayan la importancia del liderazgo del Partido.
Las comisiones de supervisión se han incluido en la Constitución como órganos de supervisión del Estado, y al poner todo el poder público bajo supervisión, se fortalece el liderazgo del Partido en los esfuerzos contra la corrupción.
Asimismo, se han revisado las disposiciones relacionadas con la aplicación del Plan Integrado de las Cinco Esferas para promover el avance económico, político, cultural, social y ecológico coordinado, y el objetivo del segundo centenario de convertir a China en un gran país socialista moderno en todos los aspectos para 2049, cuando la República Popular China celebre su centenario.
Además de las enmiendas, se han realizado esfuerzos para mantener la autoridad de la Constitución, incluyendo la designación del 4 de diciembre como Día de la Constitución Nacional, y la obligación de todos los funcionarios de jurar lealtad a la Constitución al tomar posesión de su cargo. El país también ha establecido un sistema de inspección para garantizar que todas las leyes y reglamentos cumplan estrictamente con la Constitución, añadió Xu.
Otro hito en la legislación china de la última década ha sido la adopción del Código Civil, el primero de este tipo en la República Popular China.
Xu lo calificó como un “gran logro en el avance del Estado de derecho socialista con características chinas”, añadiendo, además, que “ha incorporado los valores centrales socialistas y el concepto de desarrollo ecológico a las normas jurídicas civiles”.
El Código Civil comprende secciones sobre derechos reales, contratos, derechos de la persona, matrimonio y familia, herencia y responsabilidad extracontractual, así como disposiciones generales y complementarias. Aborda cuestiones que preocupan a la población, incluidos los nuevos problemas que han surgido en ámbitos como la urbanización, la protección del medio ambiente y la aplicación de la inteligencia artificial y otras tecnologías digitales.
China también ha promulgado y revisado más de 20 leyes directamente relacionadas con la seguridad nacional en la última década, dijo en la rueda de prensa Tong Weidong, funcionario de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la APN.
Estas incluyen la Ley de Seguridad Nacional promulgada en 2015, y las leyes de contraespionaje, antiterrorismo, ciberseguridad, bioseguridad y seguridad nuclear. La Ley para la Salvaguardia de la Seguridad Nacional en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, que entró en vigor en 2020, desempeñó un papel importante en volver a poner a la sociedad de Hong Kong en el camino correcto, sostuvo Yang Zhaoye, director de la oficina de investigación de los comités de leyes básicas de Hong Kong y Macao bajo el Comité Permanente de la APN, en la misma rueda de prensa.
También se ha modificado el Código Penal. “Se ha reducido aún más la aplicación de la pena de muerte y se ha mejorado el sistema de corrección comunitaria”, declaró Yue Zhongming, portavoz de la Comisión de Asuntos Legislativos del Comité Permanente de la APN.
Además, el proceso legislativo ha incorporado el concepto de democracia popular en todo el proceso. “La voz del pueblo puede ser escuchada en todas las etapas de la elaboración de la ley, incluyendo la redacción, la deliberación y la adopción de una ley, a fin de garantizar que la legislación refleje la voluntad común del pueblo”, manifestó Xu.
Antes solo se publicaba el primer borrador de una ley para recabar la opinión del público. Ahora, en cambio, se publica también el segundo borrador para ampliar aún más el mecanismo de consulta ciudadana.
Otro avance importante ha sido la creación de oficinas de divulgación legislativa a nivel comunitario. En la actualidad, existen 22 oficinas de este tipo en todo el país y se han recogido comentarios a través de diversas plataformas para más de 130 leyes, indicó Xu.
10 de febrero de 2020. Celebración de un juicio en un tribunal intermedio de Taiyuan, provincia de Shanxi.
Avances judiciales
En la última década también se han realizado esfuerzos para avanzar en la reforma del ámbito judicial, fiscal y de seguridad pública, con el fin de garantizar la imparcialidad, integridad, eficiencia y autoridad en la aplicación de la ley y la labor judicial.
“Se ha puesto el foco en la eliminación de los cuellos de botella que socavan la imparcialidad judicial”, señaló Shen Liang, vicepresidente del Tribunal Popular Supremo (TPS) en una rueda de prensa del 22 de abril.
En 2015, los tribunales cambiaron su procedimiento de presentación de casos, pasando de la acreditación al registro. Ahora, más del 95,7 % de los casos pueden ser presentados al instante, según Shen.
Por otro lado, la dificultad para ejecutar sentencias judiciales también ha sido abordada. Shen destacó que el TPS ha creado un sistema en línea para rastrear a aquellas personas con causas pendientes y sus bienes. La información de los morosos se publica de acuerdo con la ley y se restringe su consumo no esencial.
Gracias a la reforma del sistema de litigios, han mejorado la calidad y la eficacia de la tramitación de los casos. Las medidas de reforma que se han puesto a prueba incluyen la imposición de penas indulgentes a quienes admiten su culpabilidad y aceptan los castigos en los casos penales, y la aplicación de juicios rápidos para casos sencillos.
Shen señaló que los tribunales chinos se han adherido estrictamente a los principios de legalidad, el juicio basado en pruebas y la presunción de inocencia, con el fin de garantizar que se dicten sentencias justas para los culpables y se proteja a los inocentes de castigos penales.
También se han llevado a cabo reformas para que los jueces rindan cuentas de los casos que resuelven; para facilitar el trabajo de supervisión de los presidentes de los tribunales y juzgados; para reforzar la supervisión y la gestión de los casos importantes, difíciles o complejos; y para poder rastrear la tramitación y la supervisión de los casos a lo largo de todo el proceso.
Con el fin de evitar la injerencia de las partes interesadas en las actividades policiales y judiciales, se han tomado medidas para reforzar la supervisión de los órganos fiscales sobre la labor judicial, ampliar la participación de los jurados en los juicios y reforzar otros canales para que la gente participe y supervise las actividades policiales y judiciales, dijo Jing Hanchao, vicesecretario general de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Comité Central del PCCh en la rueda de prensa.
Las disposiciones legales relacionadas, los procedimientos y los resultados de la aplicación de la ley y la labor judicial se divulgan para que la gente pueda ser testigo de cómo se imparte la justicia, añadió Jing. En esa misma línea, China ha hecho públicos los procedimientos y las sentencias de los tribunales, los procedimientos de los juicios y la ejecución de las sentencias efectivas, así como los motivos de cualquier fallo.
Además de los tribunales, los órganos fiscales también han adoptado medidas para garantizar la imparcialidad judicial. Yang Chunlei, fiscal general adjunto de la Fiscalía Popular Suprema (FPS), dijo en la rueda de prensa que la FPS ha hecho grandes esfuerzos para rectificar las condenas erróneas, hacer responsables a los que están detrás de las decisiones, e intensificar la supervisión para evitar la negligencia en el cumplimiento del deber y el abuso de poder.
El establecimiento del sistema de litigios de interés público iniciado por los órganos fiscales es una importante reforma lanzada en la IV Sesión Plenaria del XVIII Comité Central del PCCh en 2014. Los órganos fiscales han presentado litigios de interés público en los ámbitos de la preservación del medio ambiente y los recursos, la protección de los activos de propiedad estatal, la seguridad de los alimentos y los medicamentos, entre otras áreas.
En la última década, China también ha hecho grandes esfuerzos para promover la digitalización de la justicia. La presentación de casos, el pago de tasas, las audiencias judiciales, la investigación, la entrega de documentos y algunos servicios de litigio hoy en día pueden llevarse a cabo en línea, dijo Jing, quien agregó que, en ciertos casos, las partes también pueden presentar una demanda simplemente a través de una app desde cualquier teléfono inteligente.
Asimismo, se han tomado medidas para hacer llegar la justicia a comunidades ubicadas en zonas remotas o rurales. Con este fin, se han enviado tribunales de circuito para atender a los residentes locales, gestionando la presentación de casos, mediaciones y juicios, así como supervisando la ejecución de las sentencias sobre el terreno. También se ha ampliado la cobertura de la asistencia jurídica, con un servicio disponible en casi todos los centros de detención y tribunales.
Las reformas llevadas a cabo en el sector jurídico han supuesto una sólida garantía para el desarrollo social y económico de China, y han permitido a la gente disfrutar de una vida más segura. Una encuesta realizada por el Buró Nacional de Estadísticas en 2021 mostró que el 98,6 % de los encuestados se sentían seguros viviendo en el país.
