24 de marzo de 2022. Un hombre observa la imagen del presidente estadounidense, Joe Biden; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; y el canciller alemán, Olaf Scholz, en la pantalla de la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica. Ese día se llevó a cabo una Cumbre del G7.

En junio de 2021, el presidente estadounidense, Joe Biden, debutó en la Cumbre del Grupo de los Siete (G7) y declaró que Estados Unidos estaba “de vuelta en la mesa”. Ofreció un ambicioso plan denominado “Reconstruir un Mundo Mejor” o B3W (las siglas en inglés de Build Back Better World), con la promesa de ayudar a reducir la brecha de infraestructura de más de 40 billones de dólares en los países en vías de desarrollo para 2035.

Al cabo de un año, los líderes del G7 se volvieron a reunir, solo para encontrar la iniciativa hecha jirones. El B3W carece de efecto real, ya que los proyectos de ley relevantes aún se encuentran estancados en el Congreso estadounidense; carece de fondos, ya que la inversión real es inferior a 6 millones de dólares; y carece de viabilidad, ya que la inversión y el mantenimiento de la infraestructura nacional de Estados Unidos han sido inadecuados durante mucho tiempo. Irónicamente, el B3W le ha mostrado al mundo lo que se puede lograr a través de una asociación de infraestructura que “refleje los valores democráticos”.

Vino viejo en botella nueva

Pero la historia no termina ahí. En la reciente Cumbre del G7, celebrada del 26 al 28 de junio en Schloss Elmau (Alemania), Estados Unidos lanzó la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Global (PGII, por sus siglas en inglés). A simple vista, la novedosa iniciativa parece más práctica, con la intención de movilizar 600.000 millones de dólares, de los cuales 200.000 millones serán aportados por Estados Unidos durante los próximos cinco años para satisfacer las necesidades de infraestructura de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, después de una inspección más cercana, la PGII no es más que vino viejo en una botella nueva, ya que los problemas que plagaron al B3W continúan.

Según una hoja informativa publicada por la Casa Blanca, el Gobierno estadounidense ha lanzado 10 proyectos emblemáticos bajo la PGII que cubren sectores como la electricidad, el desarrollo de plantas de energía nuclear, la economía digital, la seguridad alimentaria y las vacunas. No obstante, muchos de ellos son programas estadounidenses existentes en países en desarrollo, y los problemas de financiación continúan. Por ejemplo, el programa Digital Invest en Asia, África y América Latina tiene como objetivo aprovechar 3,45 millones de dólares en fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) para movilizar hasta 335 millones de dólares en capital privado, una tarea en gran medida imposible. Si el mundo en desarrollo confía el desarrollo de su infraestructura en este proyecto, probablemente se perderán oportunidades. Es mejor proceder con precaución.

En la IX Cumbre de las Américas llevada a cabo en junio, Estados Unidos presentó una nueva versión de la PGII: la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP, por sus siglas en inglés), que recuerda a la Iniciativa Empresa para las Américas (EAI, siglas en inglés) lanzada por el presidente George H. W. Bush en 1990. La EAI, que prometía establecer “una zona de libre comercio que se extienda desde el puerto de Anchorage hasta Tierra del Fuego”, fue brevemente popular en América Latina y fue el tema principal durante las primeras cuatro Cumbres de las Américas desde 1994. Sin embargo, Estados Unidos actuó solo en su propio interés e ignoró las preocupaciones legítimas de los países latinoamericanos. Ambas partes tuvieron unas profundas divisiones en temas como los subsidios agrícolas, y la iniciativa finalmente fracasó.

Donald Trump lanzó la iniciativa América Crece (Growth in the Americas) en 2019, la cual fue, de hecho, una iniciativa para el crecimiento de América (Estados Unidos), ya que siguió la línea de “Estados Unidos primero” (America First), mantuvo los estándares estadounidenses y sirvió a los intereses estadounidenses. La iniciativa fue abandonada cuando concluyó la presidencia de Trump.

Un segundo intento

El plan B3W de la administración de Biden no ha logrado mejorar la situación de los países latinoamericanos. Ahora viene un segundo intento a través de la APEP. Estados Unidos afirma que la APEP sigue estándares “elevados”, como la democracia al estilo estadounidense, las políticas de derechos humanos, la protección del medio ambiente y la transparencia. La suposición subyacente es que todos los pasos deben cumplir con los estándares estadounidenses. Si la APEP sigue el camino de sus predecesores y deja que Estados Unidos lo dicte todo, llegará a un callejón sin salida, ya que muchos de los llamados estándares no se ajustan a las realidades locales.

El uso que Estados Unidos hace de términos como “crecimiento”, “prosperidad” y “asociación” demuestra que Washington es plenamente consciente de la aspiración latinoamericana de respeto y desarrollo. Y, sin embargo, mientras Estados Unidos lanza una iniciativa tras otra, sus promesas de desarrollo y paz siguen sin cumplirse. ¿Por qué? No es que no pueda. Es solo que no lo hará.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó su decepción durante su visita a Guatemala en mayo de este año. “Ya se aprobaron más de 30.000 millones de dólares para apoyar en la guerra a Ucrania, y llevamos cuatro años, desde que estaba el presidente Donald Trump, planteando que se apoye con 4000 millones de dólares, y hasta el día de hoy no hay nada, absolutamente nada”, dijo.

Actualmente, la demanda de infraestructura en el mundo en desarrollo es enorme y apremiante. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, la brecha de inversión en América Latina y el Caribe representa el 2,5 % del PIB de la región, alcanzando los 150.000 millones de dólares al año. Las altas demandas requieren un fuerte aumento de la cooperación, lo que permitirá un espacio más amplio para bienes públicos específicos y de alta calidad que realmente beneficien a los países en vías de desarrollo y generen más oportunidades para el beneficio mutuo.

Muchos países en desarrollo depositan grandes esperanzas en Estados Unidos, ya que es la economía más grande del mundo. Esperamos que esta vez pueda actuar como un país constructivo y responsable, en lugar de ser un aguafiestas que habla de boquilla e incluso desacredita otros bienes públicos efectivos. De lo contrario, la poca credibilidad que le queda podría expirar pronto. 

*Lu Daxin es colaborador del semanario Beijing Review y especialista en estudios internacionales.