La historia de las intervenciones de Estados Unidos en América Latina y el Caribe registra una transformación profunda en sus métodos de subordinación. La época de las cañoneras, los bloqueos y el respaldo a golpes de Estado dio paso a una burocracia punitiva de ejecución instantánea. En la geopolítica del siglo XXI, donde la hegemonía global se disputa en la tecnología y el control de datos, el escándalo en la Patagonia argentina por el tendido de fibra óptica en la zona de Vaca Muerta confirmó cómo la cancelación de un visado puede funcionar como un arma de costo relativamente nulo para Washington, pero con una capacidad letal para condicionar inversiones estratégicas en el Sur Global. 

El mecanismo quedó al desnudo en los últimos días cuando los directivos de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza (CALF), de la provincia de Neuquén, recibieron una inesperada advertencia desde la Embajada de Estados Unidos. No hubo nota diplomática, ni citación formal, ni comunicado oficial. El mensaje llegó por WhatsApp, el WeChat de Occidente, y fue tan directo como el más duro de los ultimátums: si contrataban a la empresa china Huawei para el tendido de fibra óptica en una de las reservas de energía más grandes del planeta, Washington cancelaría de inmediato las visas personales de los responsables de semejante decisión. 

Lo que naturalmente fue interpretado como una amenaza apuntó al eslabón más débil del entramado institucional. A diferencia de un Gobierno nacional con protección diplomática, los dirigentes de una cooperativa provincial en el extremo sur del mundo carecían de blindaje frente a una sanción discrecional que podría afectar sus vidas privadas y convertirlos, de un día para otro, en parias migratorios. 

La gravedad de la coacción llevó el caso hasta la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. La Comisión de Asuntos Cooperativos citó al embajador estadounidense Peter Lamelas para exigir explicaciones por lo que fue considerado un atropello a la soberanía nacional. Fiel a la lógica de la delegación estadounidense - que en ocasiones articula sus movimientos con la complicidad de los gobiernos locales -, el diplomático rechazó la invitación y jamás pisó el recinto parlamentario. 

Para justificar su postura, la representación estadounidense apeló al discurso de la ciberseguridad. Lamelas afirmó que las tecnologías desarrolladas por firmas como Huawei responden a los mandatos de Beijing y que la legislación china las obliga a colaborar con los servicios de inteligencia. En esa misma línea, el diplomático instó a los países de la región a migrar hacia firmas supuestamente confiables para resguardar su soberanía, incurriendo en la contradicción de invocar la independencia latinoamericana mientras buscaba cercenar la autonomía de una cooperativa local mediante el chantaje consular.  

En una inusual respuesta, la Embajada de China en Argentina afirmó que las acusaciones eran una “calumnia sin ningún fundamento”, propia de una “mentalidad de guerra fría” que busca “generalizar el concepto de seguridad nacional y sembrar miedo en el mercado”. 

Para el sinólogo argentino Gustavo Girado, director de la carrera de Especialización en Estudios de China Contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús, “lo llamativo del caso fue la arbitrariedad de la presión norteamericana, porque mientras ataca el proyecto de una cooperativa del sur argentino, omite cuestionar la presencia ya consolidada de Huawei como proveedora clave de gigantes estatales y transnacionales que operan en el país, como YPF, una de las empresas argentinas más grandes”. 

“Todo esto se explica por lo que significa Vaca Muerta, una zona muy delicada para Washington por su importancia estratégica y donde los intereses norteamericanos están muy firmes para evitar cualquier tipo de interferencia de capitales chinos”, añadió Girado. 

Sabino Vaca Narvaja, sinólogo y exembajador argentino en China, agrega que “el caso Huawei revela una contradicción profunda”, ya que “Estados Unidos reivindica el libre mercado, pero cuando una empresa china resulta competitiva recurre a sanciones, restricciones y presiones políticas para limitarla”. Con términos parecidos, esta postura fue planteada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, al calificar los ataques a firmas chinas como “mentiras que distorsionan los hechos” y herramientas de “acoso tecnológico y coerción unilateral”.  

Con presencia operativa en más de 170 países e ingresos globales que superan los 126.000 millones de dólares, la dimensión de Huawei expuso la escala real del litigio. Más allá de cualquier discusión técnica, la presión sobre la cooperativa neuquina dejó al descubierto la disputa sobre las decisiones soberanas de inversión y sobre qué actores externos pretenden arrogarse el derecho de fijar qué empresas pueden o no operar en América Latina. 

Este uso de los visados como garrote de disciplinamiento forma parte de una política que se profundizó en los últimos años, tal como lo denunció un reciente informe del periódico estadounidense The New York Times, bajo el título El otro control de Trump sobre América Latina: la visa. 

La investigación periodística recorre varios casos que se vinculan con lo que está ocurriendo en la Argentina. En Costa Rica, la exclusión de Huawei en las licitaciones de redes 5G derivó en la cancelación de la visa del expresidente y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez, tras cuestionar la injerencia estadounidense. En Chile, la presión sobre el proyecto del cable submarino transpacífico entre Valparaíso y Hong Kong incluyó restricciones a funcionarios locales hasta desviar la iniciativa hacia corporaciones norteamericanas. Similares amenazas sufrieron mandatarios y empresarios en Panamá, Colombia y México cuando sus decisiones incomodaron las directivas de Washington. 

Para Vaca Narvaja, “el llamado Corolario Trump de la Doctrina Monroe recupera una lógica de áreas de influencia que América Latina debería haber superado. La soberanía consiste en que cada nación pueda elegir libremente su propio camino de desarrollo, sin permitir que nadie elija por ella”. 

El trasfondo geopolítico le da su verdadera dimensión al conflicto. Vaca Muerta constituye la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo shale, según la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) y la Agencia Internacional de la Energía (IEA). El tendido de fibra óptica en esa superficie resulta fundamental para sostener la automatización industrial, la telemetría de los pozos en tiempo real y el monitoreo remoto de los recursos. Permitir que una potencia extranjera, sea la que sea, aplique un veto de facto sobre los proveedores de esa infraestructura equivale a aceptar la balcanización del concepto de soberanía nacional. 

En Vaca Muerta no necesitan que nadie les enseñe qué fibra óptica usar. El problema no es Huawei. El dilema es que una cooperativa patagónica tenga que preguntarse, antes de firmar un contrato, si la decisión le costará a sus miembros el derecho a viajar a un determinado país. Cuando la soberanía se negocia por un mensaje de texto, la independencia no es un principio. Es un permiso. Y los permisos, ya se sabe, siempre pueden revocarse. 

*Fernando Capotondo es periodista argentino con experiencia en diarios y medios gráficos.